Defensoría pide a tribunales sustituir prisión preventiva para unos mil privados de libertad

La iniciativa se concentra en grupos de riesgo como adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes. Se suma a otras iniciativas como el proyecto de ley presentado para condenados privados de libertad en grupos de riesgo sanitario.

La mañana de este jueves los defensores penales públicos de todo Chile iniciaron la presentación de solicitudes de revisión de prisión preventiva ante los tribunales de justicia para solicitar la sustitución de esta medida cautelar para unos mil privados de libertad que pertenecen a grupos en riesgo sanitario, según las definiciones de las autoridades de salud.

Mediante una acción masiva, coordinada y simultánea, trabajaron en la recopilación de datos de la población penal en riesgo sanitario gracias a la información entregada por Gendarmería de Chile, entidad que cooperó en el levantamiento de antecedentes.

La iniciativa que se enmarca en la emergencia sanitaria que enfrenta el país a raíz del Covid-19 y busca salvaguardar la vida y la integridad sanitaria de las personas imputadas privadas de libertad de grupos en riesgo como adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y madres con hijos lactantes.

Como una manera de agilizar el trámite y evitar que existan contactos directos entre los intervinientes, los recursos se están interponiendo por escrito y a través de las plataformas de tramitación electrónica del sistema interconectado, lo que evita el traslado de los imputados, privilegiando de esta forma la prevención de contagios y la celeridad en la resolución de estas solicitudes.

“Como Defensoría Penal Pública levantamos un registro a nivel nacional con todas las personas que están imputadas y en prisión preventiva y que pertenecen a estos grupos en riesgo”, dijo el Defensor Nacional, Andrés Mahnke.

Respecto de este universo, cercano a las mil personas, “a partir de hoy se inició el envío de las solicitudes a los tribunales respectivos a nivel nacional, pidiendo se sustituyan o modifiquen dichas cautelares por otras como el arresto domiciliario”.

La medida fue dada a conocer esta semana al Comité Operativo de Emergencia del Ministerio de Justicia, que convoca a todas las instituciones intervinientes en el sistema, con el propósito de salvaguardar la salud en el marco del hacinamiento carcelario.

GRUPO DE RIESGO

Las acciones judiciales interpuestas por la Defensoría se suman a otras acciones de Estado para enfrentar la emergencia sanitaria, como el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que este miércoles comenzó su tramitación en el Senado, para conceder un indulto general conmutativo a personas condenadas y privadas de libertad en las cárceles de Chile.

De acuerdo a lo explicado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, lo que se busca es hacerse cargo de los grupos de alto riesgo que hay en los centros penitenciarios del país y de los internos que, por la forma de cumplir su condena, entran y salen de los penales.

Para ello se busca que los condenados cumplan la condena en sus domicilios en lugar de cumplir de un recinto penitenciario, bajo el estricto control de Gendarmería, y con el uso de tobilleras electrónicas.

El grupo que se quiere salvaguardar con este proyecto de ley son personas mayores de 65 años, con un trato especial a los mayores de 75 años, mujeres embarazadas y las madres que tengan hijos menores de dos años y que vivan con ellas en las cárceles.

En el caso de los internos con reclusión parcial, se exige un tiempo mínimo de condena de un tercio de su pena y que les quede por cumplir un saldo igual o inferior a los 36 meses, la propuesta del Ejecutivo consiste en la conmutación del saldo de pena que les que falta cumplir, por reclusión domiciliaria nocturna por el tiempo equivalente al saldo de condena que les quede por cumplir.

Este proyecto de ley no incluye a los condenados por delitos de violación a los derechos humanos y de lesa humanidad.

Los imputados por su parte, serán abordados por estos recursos y acciones que ya se encuentra desplegando la Defensoría Penal Pública en todo el país.

Fotos: Cortesía Defensoría