Atacama y la crisis de la educación pública: expectativas y exigencias al gobierno
La crisis en la educación pública de la región de Atacama sigue siendo una preocupación central para docentes, estudiantes y familias. Carlos Manuel Rodríguez Álvarez, presidente regional del Colegio de Profesores y Profesoras de Atacama, expresa su inquietud respecto al rol del gobierno en la solución de esta crisis y detalla los compromisos incumplidos a poco tiempo de que termine la administración.
Un inicio esperanzador en 2022
El 22 de agosto de 2022, Carlos Rodríguez y otros representantes se reunieron con el presidente de la República para plantearle la preocupación sobre la contaminación por gases en los establecimientos educacionales, un problema arrastrado por ocho años. La respuesta fue inmediata: el subsecretario llegó la semana siguiente y en cuatro semanas se resolvió el problema. Este episodio generó una expectativa positiva sobre una posible solución estructural a la crisis educativa en la región.
Paralizaciones y acuerdos incumplidos
Sin embargo, el optimismo inicial se disipó rápidamente. En 2023, la región vivió dos huelgas docentes: una en marzo, de ocho días, y otra que se extendió por 76 días, convirtiéndose en un conflicto de carácter nacional.
Producto de esta movilización, se firmó un acuerdo que prometía un 2024 con clases normales, lo que implicaba reparaciones y mejoras en la infraestructura escolar. Sin embargo, el 2 de enero de 2024, los docentes advirtieron que no había ningún avance en los establecimientos y tomaron las oficinas del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) para exigir respuestas. A pesar del cambio de directores y autoridades en la región, la situación no mejoró.
Huelga de hambre y nuevas promesas
Ante la falta de avances, en marzo de 2024, los profesores iniciaron una huelga de hambre que se extendió por seis días. La presión derivó en la firma de un tercer acuerdo, que incluía el compromiso del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para reparar 14 establecimientos en un plazo de cinco meses. Sin embargo, a pesar de la promesa de asignación de fondos regionales para el 30 de noviembre, los recursos nunca fueron entregados, lo que paralizó nuevamente las obras planificadas.
Infraestructura en crisis
La falta de inversión ha afectado gravemente a diversos colegios de Atacama. La Escuela Fronteriza de Los Loros ha debido trasladar a sus alumnos 40 kilómetros para recibir clases. El Liceo Comercial y el Liceo Mercedes Friti han tenido que compartir jornadas debido a problemas estructurales en sus dependencias.
Además, problemas de infraestructura crónicos han quedado en evidencia. La Escuela Pucará, con un edificio abandonado desde 2014, y la Escuela Especial de Chañaral, entre otras, continúan sin soluciones concretas. A esto se suma la crisis del pabellón del Liceo Comercial, cuya estructura defectuosa desde su construcción en 2002 será demolida recién en 2024.
Pérdida de matrícula y futuro incierto
Desde que el SLEP Atacama asumió la gestión de la educación en la región, se han perdido 4.000 estudiantes del sistema público. A pesar de que Atacama tiene una de las más altas tasas de matrícula en educación pública del país (42.000 estudiantes en total), la inacción y la falta de recursos están afectando gravemente la calidad educativa.
Exigencias y llamados urgentes
El presidente del colegio de profesores de Atacama recalca que la solución requiere «recursos frescos y amplitud normativa». La burocracia ha ralentizado los procesos de inversión, dejando obras inconclusas y generando un deterioro progresivo de la educación pública en Atacama.
A menos de un año del fin del actual gobierno, los docentes y comunidades educativas exigen decisiones políticas concretas. «La crisis de Atacama se soluciona con voluntad política y recursos inmediatos», enfatiza Rodríguez, quien asegura que la lucha por una educación digna continuará hasta que las promesas se cumplan.
Conclusión
El panorama de la educación en Atacama es crítico. A pesar de los esfuerzos de las comunidades educativas, las respuestas gubernamentales han sido lentas y, en muchos casos, incumplidas. Con una infraestructura en deterioro, estudiantes desplazados y falta de inversión, el futuro de la educación pública en la región sigue en la incertidumbre. La pregunta sigue en el aire: ¿tomará el gobierno la decisión política para revertir esta crisis antes de que sea demasiado tarde?