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Entró en vigencia Nueva Ley de Delitos Económicos: Importantes implicancias para Empresas de la Región

Este 1 de septiembre, entró en plena vigencia la Ley 21.595, que introduce significativas modificaciones en la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. Publicada en noviembre de 2023, esta ley amplía drásticamente el catálogo de delitos por los cuales las empresas pueden ser responsables penalmente, pasando de un listado de 15 a más de 200 ilícitos.

La nueva normativa, que afecta directamente a empresas y organizaciones de diverso tamaño y giro, busca fortalecer la regulación en materia de delitos económicos, incluyendo ilícitos en áreas tan diversas como la competencia desleal, fraudes tributarios, delitos contra la propiedad intelectual y aquellos vinculados a la función pública, como el cohecho y la malversación de fondos.

Una de las novedades más relevantes es la incorporación de delitos medioambientales y nuevas figuras penales que sancionan, por ejemplo, la subdeclaración de ingresos para evadir cotizaciones previsionales o el pago de sueldos notoriamente bajos. Estos cambios reflejan un esfuerzo por parte del legislador para adaptarse a la complejidad de las actividades empresariales modernas y asegurar que las empresas mantengan altos estándares de cumplimiento.

Para las personas jurídicas, el cumplimiento de esta nueva normativa no es opcional. La ley exige la implementación de modelos de prevención de delitos que identifiquen y mitiguen los riesgos asociados a las actividades de la empresa, estableciendo protocolos de detección y sanción de conductas ilícitas. Estos modelos, que deben ser supervisados por personal independiente y evaluados periódicamente por terceros, se convierten en la principal herramienta de las empresas para evitar sanciones, que incluyen desde multas calculadas bajo la fórmula de días-multa hasta la prohibición de contratar con el Estado.

El Colegio de Abogados de Atacama ha estado activo en la difusión de estas nuevas disposiciones, organizando actividades durante el año pasado para preparar a las empresas locales para los cambios. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la ley, se espera que las organizaciones aceleren la implementación de sus modelos de prevención para cumplir con las exigencias legales y evitar posibles sanciones.

Esta ley representa un hito importante en la regulación económica y empresarial en Chile, marcando el inicio de una nueva era de responsabilidad y cumplimiento en el ámbito corporativo. Las empresas que no se adapten a estos cambios podrían enfrentarse a graves consecuencias legales y económicas, por lo que la recomendación es clara por parte de los expertos, es imperativo que todas las personas jurídicas revisen y actualicen sus políticas de cumplimiento lo antes posible.