Enami y otras nueve mineras interponen reclamo judicial contra Ministerio del Interior tras ser declaradas empresas estratégicas

En noviembre de 2023, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dirigido por Carolina Tohá (PPD), determinó como empresas estratégicas a 24 mineras de cobre.

La designación como empresa estratégica, que se realiza a través de un decreto calificado como “secreto”, implica que las mineras deben contar con su propio servicio de vigilantes privados y mantener un organismo de seguridad interno.

Según cada decreto, tras ser notificada la minera deberá presentar, dentro del plazo de sesenta días, un estudio de seguridad que contenga “las proposiciones acerca de la forma en que se estructurará y funcionará su organismo de seguridad interno y su oficina de seguridad».

Entre las 24 compañías declaradas estratégicas figura la Empresa Nacional de Minería (Enami) y sus plantas Delta, Manuel Antonio Matta, Osvaldo Martínez Carvajal y Vallenar, además de la Fundición Hernán Videla Lira ubicada en Paipote, misma que fue paralizada el pasado 23 de febrero ante la necesidad de modernizar sus instalaciones.

Sin embargo, la designación como empresa estratégica no cayó bien en la Enami, cuya delicada situación financiera ha sido foco de debate.

 

Tras ser notificada el pasado 19 de febrero, la Enami ingresó ante la Corte de Apelaciones de Santiago tres reclamaciones judiciales para dejar sin efecto el Decreto Exento N° 3310, de 13 de noviembre de 2023, del Ministerio del Interior que la calificó como empresa estratégica.

Según el reclamo, el decreto de Interior se funda en un oficio secreto del Jefe de Zona de Seguridad Privada e informes de Carabineros que darían cuenta de “diversas vulnerabilidades que aquejan a las plantas de la entidad, producto de su ubicación geográfica, su fácil acceso, la ausencia de cierres perimetrales, medidas mínimas de seguridad, almacenamiento de material procesado y el alto flujo de personas, instalaciones y empresas contratistas”.

El documento firmado por Tohá apunta a que “dichas vulnerabilidades son factores relevantes en la incidencia de delitos en las plantas, y, por ende, generan un riesgo para las personas y para los bienes que se extraen, procesan y trasladan por éstas”.

Además de la acumulación de material explosivo, “la Autoridad Fiscalizadora reporta un incremento en la sustracción de cátodos de cobre y material doré desde los distintos yacimientos mineros del país, agrega que desde 2021 se habrían registrado 3 episodios de robos en la entidad”, señala el reclamo..

En respuesta, la reclamación de Enami pide que la designación -que le obligaría a invertir en un plan de seguridad- sea dejada sin efecto.

La estatal señala que el decreto de Interior no cuenta con la firma del Ministro de Defensa, hecho que está prescrito en el artículo 7 bis del Decreto 1.773, siendo este “motivo suficiente para que la presente reclamación sea acogida y el citado decreto dejado sin efectos”.

Además, acusa a Interior de “falta de fundamento y motivación”, en vista que en el decreto recurrido no se mencionan circunstancias específicas “que justifiquen su supuesta vulnerabilidad ni su importancia relativa para la economía del país”.

Enami apela a que su escala de operación “dista mucho de la magnitud de la gran minería, por lo que la cantidad de mercancías en ella producidas y la cantidad de personas que trabajan y circulan por ella no tiene un impacto de la magnitud que el decreto” supone.

A ello, el escrito agrega que todas las plantas cuentan con cierre perimetral y medidas de seguridad y que en las plantas “no existen transacciones en dinero efectivo”. Así también señala que, los productos mineros que se procesan “por su volumen y baja ley de cobre, rara vez son objeto de delitos”.

Un hecho llamativo que pudo constatar Interferencia es que Enami adjuntó a los reclamos los decretos secretos que declararon sus plantas y la Fundición Paipote como empresas estratégicas.

Sin embargo, el Decreto Ley 3.607, que regula estas declaratorias, establece que las reclamaciones deben ser secretas “y deberán mantenerse en custodia, pudiendo ser conocidos sólo por las partes o sus representantes”.

Con el pasar de los días, dos de las tres reclamaciones interpuestas por Enami han sido reservadas dentro del sitio web del Poder Judicial, desde su ingreso el pasado 29 de febrero.

LAS OTRAS EMPRESAS

Además de Enami, otras nueve mineras han ingresado reclamos contra el Ministerio del Interior por declararlas empresas estratégicas: Pampa Camarones, Minera Candelaria, Ojos del Salado, Punta del Cobre, Atacama Kozan, Minera Luminaria, Mantos Cooper, Minera Chilena Rumana y Minera Carola.

En el reclamo ingresado por Pampa Camarones en la Corte de Apelaciones de Arica, la minera adjuntó el decreto que la nombra empresa estratégica junto con un anexo que da a conocer la lista de 24 empresas declaradas estratégicas.

Según ese documento, además de las nueve que reclamaron, Interior consideró estratégicas a las minas Escondida de BHP; Los Pelambres, Antucoya y Zaldívar de Antofagasta Minerals; Florida y Meridian de Yamana Gold; Teck Quebrada Blanca; Minera HMC; Minera Tres Valles; Minera Cruz; Minera Guanaco y Kinkross.

Otro reclamo llamativo es el ingresado por Atacama Kozan. Según la cuprífera chileno-japonesa, el decreto limita su “libertad de autoorganización, afectando consecuencialmente el derecho de propiedad» por los costos asociados a la creación de un plan de seguridad.

“Se trata de la externalización de la función de la seguridad pública a costas de los particulares”, señala el reclamo ingresado a la Corte de Apelaciones de Copiapó.

Asimismo, la minera manifiesta que “no desea personal armado en sus instalaciones ni contribuir al problema que suponen las armas en nuestro país”, citando estudios que acusan que un gran porcentaje de las armas utilizadas en crímenes fueron sustraídas a sus dueños registrados.

Fuente: Interferencia.cl